Uno de los asuntos más conflictivos de la herencia dejada por Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia ha sido el destino del Registro Civil. La privatización encubierta perpetrada por el polémico exministro es sólo una de las múltiples papas calientes que su sucesor, Rafael Català Polo tendrá que cocinar de aquí al próximo final de la legislatura. Sin embargo, el nuevo ministro tendrá que dar respuesta a una propuesta proveniente del Parlamento de Canarias relacionada directamente con el citado Registro: un apartado especial dedicado al “apodo” o “nombrete”.
En una de sus últimas sesiones plenarias, el legislativo autonómico aprobó por unanimidad la elevación al Gobierno del Estado de una propuesta por la cual se cree un quinto libro –primero bis- en el que se inscriban los nombretes que identifican a una gran parte de la población canaria. Sus promotores –entre los que destacan distinguidos juristas archipelágicos como Miguel Cabrera, Ángel Isidro Guimerá, Fernández del Torco o Eligio Hernández- consideran que es el apodo –personal o familiar- el que identifica en las poblaciones insulares al individuo, por delante del nombre o los apellidos. “¿Quién sabe acaso cómo se llamaban realmente Chachán o Arroz con leche?” –sentenció un parlamentario chicharrero a la salida del hemiciclo.
Conservación del acervo cultural
Según los valedores de esta iniciativa, la presencia de estos apodos en el Registro Civil permitiría su conservación para sus detentadores y para las generaciones venideras. Nombretes como “Pedro el velero”, “Antonio el concejal”, “Tomasa la loca”, “Paco el mesanoche”, “Tomás el sordo”, “Juanita la cañona”, “Toño el pulga” o “Manuel el nenuco” quedarán inscritos y grabados para la eternidad.
