La sucesión de reformas penales planteadas desde el gobierno estatal y su naturaleza de contrapartida para garantizar el apoyo de sus socios en el presupuesto está generando todo tipo de reacciones. De todas ellas, la más cercana es la que refleja el anuncio remitido por un colectivo que ha anunciado su constitución como formación política, con el fin de poder tener, en el futuro inmediato, una influencia equivalente a la reflejada en ciertos partidos presentes en el hemiciclo de las Cortes. La singularidad de este grupo social viene dada por el hecho de que se trata del de los quinquis chicharreros.
Nos reunimos en un bar de cierto barrio santacrucero, de cuyo nombre no puedo acordarme, con Paco el Mirinda, elegido portavoz del colectivo por haber terminado la EGB. Mientras pide un sol y sombra para combatir el frío, deja que su abogado, un veterano de los juzgados, tome la palabra y nos explique las razones de esta decisión.
“Como representante legal de la Asociación «Miguel el Castillito» estoy autorizado para explicarle que mis clientes, a la vista de los últimos acontecimientos en sede legislativa, han decidido constituirse en partido y concurrir a las próximas elecciones generales, con el fin de hacer valer sus intereses y tener fuerza para negociarlos a cambio de sus apoyos.”
Cuando le preguntamos al letrado -que prefiere mantener su nombre en el anonimato, al tener cierto perfil mediático y un pasado en cierta formación política de colores verde y quisquilla- acerca de esos intereses, él los concreta, según sus palabras “en poder seguir haciendo sus cositas sin que les molesten, por medio de una modificación de las leyes penales”.
Intrigados ante esta contundente afirmación, le preguntamos si no es un tanto fuerte el contenido de la misma, a lo que él responde rápidamente: “Mire usted, no se me ponga moralista. Ya ha visto usted que, con tal de sacar adelante los presupuestos, el Presidente Sánchez está dispuesto a ceder lo que sea. Así pues ¿por qué no intentar repetir la jugada?”
Cuando le comentamos que los partidos con los que pacta la coalición de gobierno defienden los intereses de sus pueblos, el letrado me ataja rápidamente: “no sea usted tolete, señor Gunnarson: los únicos intereses que defienden son los suyos personales. No me haga repetirle aquella frase de que las patrias son los refugios de los sinvergüenzas. Al menos, mis clientes van de cara.”
Más relajado, nuestro interlocutor nos confesó que sus clientes aspiraban incluso a dar el salto a responsabilidades de gobierno. “Sería un cambio interesante, que les permitiría dar un salto cualitativo en cuanto al nivel, categoría y tipicidad de sus actividades habituales, sobre todo ahora que se van a cargar el delito de malversación de fondos.”
Sorprendidos ante este despliegue de conocimientos, preguntamos al abogado si él ha tenido algo que ver en esta singular estrategia: “Para nada, para nada” -responde rápidamente- “mis clientes son grandes conocedores del Derecho Penal. De hecho, yo empecé el ejercicio haciendo de pasante en el despacho del padre del Mirinda, el legendario Ciriaco el Kunta Kinte. No tenía el título, pero sabía más de legislación criminal que cualquiera de los que daban clase de esos temas. Créame, señor Gunnarson: en materia de Derecho no hay nada como la universidad de la vida.”
Actualización: fuentes bien informadas nos indican que desde Moncloa se ha pedido un sondeo de opinión, para conocer las posibilidades reales de este futuro partido político, así como un informe sobre las posibilidades de modificar el Código Penal en este ámbito. Este último ha sido encargado a un prestigiosísimo académico, discípulo del abogado del futuro partido político.
