Una de las dificultades con las que se está encontrando la Administración a la hora de hacer cumplir las medidas sanitarias para frenar la expansión de la Covid-19 es el régimen sancionador; diversos juristas entienden que generan mucha burocracia en las oficinas públicas, pero flacos ingresos al erario, dado el poco sólido apoyo legal al sistema de multas. Para sortear este inesperado obstáculo, fruto de una situación insólita en nuestra Historia, el Gobierno de Canarias ha acordado la creación de un cuerpo de «cobradores del Covid», cuya misión será perseguir y avergonzar de forma implacable a los infractores hasta que abonen las multas correspondientes.
El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, explica que «esta medida se toma para lanzar un mensaje claro de que no va a haber impunidad para los que se salten las normas sanitarias; vemos cada semana imágenes lamentables de fiestas clandestinas, botellones en las playas o reuniones secretas, y no podemos dar la orden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de abatir a los infractores porque esto es un Estado de Derecho y toda esa mierda, pero podemos recurrir a una forma de tortura más sutil, la vergüenza». Así pues, siempre con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, el cobrador del Covid seguirá en su quehacer diario al infractor asignado y, megáfono en mano, irá relatando a los viandantes el motivo de la sanción: «esta persona, de nombre XXX, fue sorprendida en el interior de un bar fumando y sin mascarilla, ¡¡paga la multa, maldito!!», por ejemplo. El Gobierno confía en que los canarios prefieran pagar a soportar este guineo de forma continua e inmisericorde.
Si la iniciativa tiene éxito y consigue elevar la recaudación, el Gobierno podría promocionarla como un atractivo turístico más, incorporando personajes de series de éxito, y que personal caracterizado como la Septa Unella de «Juego de Tronos» siga a los sancionados con una campana y gritando «shame!» hasta que el / la interfecto/a afloje la cartera.
