El diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, no ha comparecido hoy ante el Tribunal Supremo, que le había citado a declarar como investigado en relación a un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, acaecido en 2014 en La Laguna. En lugar de eso, el conocido como «diputado de las rastas» ha decidido echarse al monte y desde primera hora de hoy se refugia en un punto indeterminado del monte de La Esperanza, donde hará vida de fugitivo hasta que se calmen las aguas y desde donde espera poder seguir haciendo uso del voto telemático para cumplir con sus obligaciones en el Congreso de los Diputados.
Según testigos presenciales, el diputado pasó ayer casi toda la tarde en Decathlon comprando diferentes aparejos de supervivencia. Un dependiente que prefiere mantenerse en el anonimato confirma que «compró de todo, una tienda de campaña de ésas que se montan solas, un camping gas, ropa de camuflaje y decenas de barritas energéticas; con eso tira semanas en el monte tranquilamente». El Tribunal Supremo tiene que tramitar ahora un suplicatorio a la Cámara Baja para solicitar la declaración de Rodríguez, y no se descarta tener que organizar batidas de la Guardia Civil por la zona para localizarle y llevarle ante el juez.
En algunos whatsapps enviados en áreas de buena cobertura, Rodríguez ha señalado a la prensa que se mantendrá en el monte todo lo que haga falta, dado que dispone de cargadores para no quedarse sin batería pero que tendrá el móvil apagado, a fin de no facilitar su ubicación, y que sólo lo encenderá cuando haya votaciones en el Congreso. «Comeré lo que dé la tierra, cazaré algún conejo para contribuir a mantener el equilibrio del ecosistema y en general seré un nómada de este bosque milenario hasta que todo esto prescriba y dejen de darme la lata», indicó en su último whatsapp antes de dejar de estar en línea. Allegados al diputado que le conocen bien aseguran que le haría «mucha ilusión» que Los Coquillos le escribieran un tema.
Como se recordará, recientemente el propio Alberto Rodríguez explicaba que su imputación ante el Supremo era una maniobra de las cloacas del Estado para tapar «el fraude electoral de Felipe VI».
